Formato
del Futuro
“Allí
donde no se castiga a los criminales, donde no se reparan las injusticias,
donde los derechos de propiedad se vulneran, donde la ciudadanía no puede
esperar de los jueces una sentencia ajustada a las leyes, es muy difícil que se
cree una atmósfera civilizada capaz de nutrir los procesos de acumulación de
riqueza”.
Carlos Alberto Montaner
La
administración transparente de la justicia como concepto es lo que permite la
convivencia civilizada de la raza humana en todas las latitudes.
No es
factible ni posible la coexistencia en ninguna sociedad si sus integrantes no
se rigen por un código, un reglamento o normas de comportamiento y respeto a
los deberes y derechos de sus integrantes, como a la correspondiente sanción
cuando se incurre en el desconocimiento deliberado de la norma.
Es por eso
por lo que en los países civilizados, la convivencia es funcional. Disponen de
un conjunto de leyes nacidas al amparo jurídico de sus Constituciones.
También de instituciones públicas realmente funcionales, no subalternizadas por
quienes detentan el poder, mucho menos condicionadas por la voz y mando de las
distintas expresiones de los demás poderes promovidos por la ciudadanía. Y,
desde luego, por la gestión rectora de hombres y mujeres moral y éticamente
comprometidas con la no menos importante misión de administrar justicia;
de hacer posible que la justicia opere con base en la sabia interpretación de
la norma.
El Poder
Judicial, entonces, es el verdadero rector determinante de la civilización; la
negación del primitivismo que impone la barbarie o la cacería interesada de
quienes medran en la truculencia de la antinorma. De hecho, para hacer cumplir
las leyes rectoras del comportamiento humano, se eligen aquellos
ciudadanos cuya distinción trascienda a la sabiduría y el conocimiento
jurídico: se trata de los íntegros, de los más probos, de los más honestos y
respetados. Es decir, no se trata de cualquier individuo. Porque, además,
a partir de su conducta ciudadana y administrativa en funciones públicas, deben
construir confianza. Y la confianza ciudadana sólo se construye demostrando que
las cualidades y condiciones personales y académicas, están al servicio de la
sociedad; nunca, jamás a favor de dependencias condicionantes, especialmente de
los intereses grupales, llámense como se llamen.
Una sociedad que pierde la confianza
y credibilidad en su Poder Judicial, y que se abstiene de su obligación de
exigir una recomposición de dicha figura institucional pública, abre las
puertas para que sean la corrupción y la impunidad las que determinen la
forma como debe desarrollarse la convivencia. Y, adicionalmente,
contribuye a inducir la pérdida de todo tipo de valores, mientras afianza
con su conducta la vigencia de una sociedad forajida, en la que,
progresivamente, se impondrán los más fuertes, y la justicia se administrará
individualmente, bien por la vía de la venganza o de las inconvenientes y
supuestas ventajas que ofrece la anarquía.
En días
recientes, los venezolanos apreciaron con asombro, cómo un Fiscal de la
República que tuvo a su cargo la responsabilidad de instruir la demostración de
presunta culpabilidad de incurrir en un delito de un ciudadano opositor
y líder político, declaró en un canal de televisión internacional que las
pruebas en las que se fundamentó la demostración del supuesto delito, no fueron
ajustadas a la verdad. Y que, en razón de ese procedimiento, la sentencia que
se dictó en contra de esa persona, por la que debía purgar cárcel durante casi
catorce años, respondía a un proceso viciado, realmente fraudulento.
Concretamente, que todas las pruebas presentadas por él, son falsas y
fabricadas por el Poder Judicial para declarar culpable al ciudadano, a partir
de que él, como Fiscal, en un acto de impropia y cuestionable
complicidad, hizo lo que se le autorizó para que el inexistente delito
terminara convirtiéndose en un hecho real.
"A
confesión de la parte, relevo de pruebas”, reza la Ley.
Independientemente
de la veracidad o no de esta declaración, el sólo hecho de que las haya emitido
el Fiscal de la causa, un Fiscal de la República, sin duda alguna, indican los
juristas, obliga a suspender el juicio y a ordenar una investigación inmediata,
organizada por un grupo de profesionales libres de toda sospecha, que gocen de
honestidad y credibilidad.
No pueden
haber solidaridades automáticas e inmediatas. Y, salvo que el objetivo sea el
de impedir que la verdad se conozca, las autoridades tendrían que abstenerse de
emitir ningún pronunciamiento o de emitir juicios, dando garantías a los
ciudadanos de imparcialidad, para contribuir a rescatar la
credibilidad en el sistema Judicial del país. En relación con el caso que
se cita, esto no es lo que ha acontecido. Nadie ha dicho que hay que demostrar
la verdad y evitar suspicacias alrededor del procedimiento. Se ha optado por
descalificar a quien ha dicho que es cómplice de un acto legal viciado.
En
relación con el caso y por la similitud con lo que ha ocurrido, es importante
recordar que no hace mucho tiempo, el Presidente de una Sala del Tribunal
Supremo de Justicia, máxima autoridad judicial, también huyó del país,
solicitó asilo político y, de igual manera, declaró en un canal de
televisión internacional sobre la ausencia de honestidad y de pulcritud en la
administración de justicia en el país. Por supuesto, no son pocos los
venezolanos los que hoy consideran que en Venezuela no existe una verdadera
administración de justicia, y que la ciudadanía, realmente, “está a la buena de
Dios”.
Es importante señalar que aquellos países que han recibido a estos fugitivos venezolanos y exfuncionarios judiciales, no les pueden dispensar un trato de héroes y liberarlos de su responsabilidad consciente y cuestionable, en el ejercicio de una práctica en contra de los derechos humanos en Venezuela. Ellos han admitido ser cómplices en graves delitos que los comprometen ante la justicia nacional e internacional, y, en razón de esa conducta, también tienen que ser enjuiciados y sancionados. De lo contrario, sólo se estaría contribuyendo a incrementar el deterioro que exhibe la poca credibilidad de la justicia venezolana dentro y fuera del territorio nacional, pero también a demostrar que, a nivel internacional, la administración de justicia tiene que dejar de actuar como una simple distribución de intereses entre Estados o entre Gobiernos.
La
administración de justicia en Venezuela es víctima de una metástasis de extrema
inmoralidad, si se toman como ciertas y serias las propias declaraciones
que han emitido importantes personeros del Poder Judicial, cuando
se han referido al alto número de delitos que no son castigados como debería
ser, por lo que la impunidad es exageradamente alta. Pero si a nivel internacional
los procedimientos contra delitos y evidentes delincuentes no pasan de ser un
simple saludo a la bandera, nada impide que el primitivismo social y la
irracionalidad estimulada por motivos políticos o religiosos, sigan
expandiéndose.
Egildo Luján Nava
Presidente de Fedecámaras Miranda y Director de Fedenaga
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