¿Cuántos colombianos desplazados viven en Venezuela y que salieron de su país huyéndoles a la violencia que se desató en su Patria en el curso de los últimos 50 años, después que allí se decidió solucionar sus problemas sociales, económicos y políticos a partir del uso de la sangre de los propios hijos de ese país como recurso para una supuesta transformación?. ¿Un millón?. ¿Tres millones?. ¿Muchos más?.Lo cierto es que en las entrañas del suelo venezolano, está sembrada la experiencia y vivencia de un país históricamente hermanado que hace pocos días le transmitió al mundo el resultado de un proceso electoral que, quiérase o no aceptar, es también lección para el presente y futuro de sus vecinos.
En Venezuela, el impactante episodio, como era de esperar, se ha convertido en una especie de argumento favorable o contrario, dependiendo de la manera como las diferencias políticas lo quieran capitalizar desde su enfoque interesado. Sin embargo, de lo que no todos esos interesados se ocupan es de, desapasionadamente, entrar de lleno en el razonamiento que esos colombo-venezolanos regados por toda la nación se hacen entre amigos, vecinos y familiares.
Para ellos, es difícil entender cómo un pueblo, luego de más de 50 años de lucha a muerte y de guerra empedernida, con un saldo terrible de más de 200.000 muertos, pérdidas materiales imposibles de cuantificar, miles de hogares destruidos y millones de ciudadanos emigrados y regados por todo el mundo escapando de penurias, puede negociar un acuerdo de paz sin que la balanza no pueda ser jamás en contra de quienes delinquieron contra la institucionalidad pública de su nación.
¿Cómo aceptar, entonces, que después de una muy prolongada jornada de negociación por la paz -condición de convivencia respetuosa que todos quisieran lograr- la mayoría de los términos conciliadores terminen siendo concesiones, casi reconocimientos y premiación a los rebeldes inconstitucionales, convertidos en aliados del narcotráfico, en propagadores de la institucionalización del secuestro como forma de delito organizado en el Continente, además de las tropelías que han sufrido colombianos y vecinos suramericanos?
El juicio del dolor de quienes –que no de odio- se refieren al caso suscitado en su país de nacimiento, es que el lugar para debatir y llegar al acuerdo final, haya sido precisamente el país desde donde se promovió, arengó, estimuló, financió y justificó políticamente ante el mundo para que las Farc y grupos similares tuvieran vida propia y autonomía criminal, Cuba; el asiento de todos los movimientos subversivos regionales desde mediados del siglo pasado y varios de los años del actual.
¿Es que esa falsa identificación cubana por la paz en Colombia, por lo demás, componente obligado en el razonamiento y pensamiento de todo comunista, puede divorciarse del hecho probado y comprobado de que no hubo un solo movimiento subversivo en la región durante los últimos 50 años del Siglo XX y los primeros del Siglo XXI, que no haya tenido en Cuba su punto de arrancada y formación de los activistas urbanos y rurales encargados de golpear la institucionalidad pública?. La Cuba de los Castro, una de las más longevas dictaduras del mundo, es parte interesada en la concepción y contenido del finiquito del acuerdo no respaldado por los colombianos; también, sin duda alguna, en la capitalización política ante el mundo, aun siendo asiento real de lo que se traduce como violación de los derechos humanos.
Lo otro a lo que se refieren los desplazados que analizan el caso, es a la multiplicidad de términos del “Acuerdo de Paz”, convertidos prácticamente en un visto bueno histórico a quienes subvirtieron el orden, desconocieron al Estado, crearon su propia forma de gobernar e hicieron de Colombia el epicentro mundial del gran negocio alrededor del comercio de la droga, del narcotráfico y de la muerte como consecuencia de dicho negocio. ¿Por qué entregarle a los ilegales prebendas, perdones y cuotas de poder, y, prácticamente, sin que ellos tengan que devolver ni un centavo de todo lo ilegalmente obtenido?.
Haberle dicho SÍ al “Acuerdo” en los términos como está planteado, sin duda alguna, habría sido la inauguración de la ruta expedita, de una súper autopista o " Fast Track " para que la guerrilla o el futuro Socialismo del Siglo XXI Colombiano tomara el poder en menos de los próximos cinco años. De igual manera, la oportunidad de oro para que, a partir del uso de mucho dinero para repartir, además de abundante y libre ejercicio del populismo, convertir a Colombia en la futura cueva del Comunismo en esta parte del Continente, y en legítimo maridaje con quienes hoy avivan y alimentan el mismo propósito en Venezuela.
Dios aprieta pero no ahoga, reza un dicho que sale del alma de muchos colombianos y venezolanos cuando se adentran en el mismo análisis de lo que pudo ser y, por ahora, no fue. Pero también porque el NO, si bien pone sobre el tapete la situación de polarización política que reina en el hermano país, de igual manera, permite que se dé un paso de reafirmación del sentimiento colombiano a favor de la libertad y de la importancia de la participación cuando de lo que se trata es de afianzar las bases de su sistema de gobierno, la Democracia. 0rgullo, dignidad e identidad política, definitivamente, hacen hoy de Colombia otro ejemplo de similar factura moral a lo que sucedió recientemente en Argentina y en Brasil.
Pero, a todas éstas, ¿ cómo queda Venezuela en este arreglo político colombiano que, a mediano plazo, pudiera convertirse definitivamente en un lugar signado por su voluntad de vivir en un ambiente de paz?. ¿Es que las pérdidas de vida y materiales que la guerrilla colombiana de las Farc le ha causado a los venezolanos no tiene responsables?. ¿Qué hacer ante los familiares y víctimas venezolanas de secuestros, muertos o desaparecidos en manos de la guerrilla?. ¿Hay algún doliente en las altas instancias gubernamentales venezolanas dispuesta a demandar respuestas en este caso?. ¿Y el Gobierno colombiano no se siente moralmente obligado a que, entre perdones y abrazos internos, se tome en cuenta que en los países vecinos también existe una alta y considerable deuda por la que los beneficiados del 2016 también tienen que entregar cuentas y pagar culpas?.
Para los colombianos que analizan su caso en suelo venezolano, en su “segunda Patria”, como califican a Venezuela, el asunto es que al Gobierno Nacional le corresponde “amarrarse los pantalones”. Pero no para, como ya sucedió y lo vio todo el mundo, que ningún Ministro venezolano le rinda culto o haga carantoñas a un “camarada” pacificado. Sí para que los dos gobiernos cuantifiquen daños causados, se establezca una compensación por los mismos y se le informe a las familias venezolanas cuyos miembros fueron afectados. También, desde luego, para que se evite la conversión de Venezuela en el refugio 5 estrellas para quienes se nieguen a dejar las armas y los que insisten en vivir de las bondades y ventajas que les garantiza el negocio de los estupefacientes. Es decir, de esa especial e ilícita actividad que, a decir de propios y extraños a Venezuela y a Colombia, de organismos nacionales e internacionales, pareciera estar sucediendo no hace poco tiempo.
Egildo Luján Nava
Presidente de Fedecámaras Miranda y Director de Fedenaga
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