¿QUIÉN ENTIENDE ESTA LOCURA?

                                                                                        Formato de Futuro…

Venezuela: tierra de abundancia. Venezuela: el país más rico de América Latina. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. En Venezuela, están las mujeres más bellas del mundo. Son todas expresiones que antes se escucharon decir en muchas partes del mundo. Todas eran meritorias referencias del país. Y la verdad es que muchas de esas expresiones se ajustan a lo cierto. Además, abundan los hechos que demuestran que eso es así.

Sin embargo, el otrora alabado país hoy está arruinado económica, social y políticamente. De paso, es una condición de ruina que, además, ha arrastrado consigo su base moral y su particular composición cultural.

Es un país que, sin dudas, se corresponde con el célebre dicho de estar como el hombre que se ahoga en un lago,  al no poder emerger del fondo por tener un morral lleno de oro colgado en la espalda.  

  

En su entorno y con el alma en crisis, sin embargo, Venezuela no deja de disponer ciertamente de una comprobada multiplicidad de recursos energéticos, minerales, turísticos y, por supuesto, humanos. Goza, en fin, de las ventajas posibles para ser una de las joyas económicas de la América.

No obstante, tanto tiene que dicha disponibilidad incluye un karma: los venezolanos, culturalmente, desde hace más de un siglo pasaron a ser monodependientes de una restrictiva visión económica, la del petróleo.   Porque desde que entró en producción el primer pozo petrolero  el 31 de Julio de 1914, es decir, "El Zumaque I", y el Gobierno venezolano comenzó a sentirse rico, poderosamente rico, se asumió que el reto a partir de ese momento no era otro que el de la activación del consumo. De bienes y servicios nacionales, o de bienes y servicios importados.

El otrora país exportador de bienes agrícolas y pecuarios, entonces, decidió ser un autodependiente económico. Y, por supuesto, un monodependiente del negocio. Y, de paso, en dueño absoluto de negocio del crudo y de la única industria de su tipo en el país, reservándose el derecho a considerar innecesaria la participación del sector privado, principalmente el nacional. El internacional, en cambio, siempre fue –y sigue siendo- un asociado, que no equivale a verdadero socio.

De hecho, esas relaciones nunca han dejado de ser causa y justificación para la práctica de un particular nacionalismo, al extremo de que su empleo ha terminado siendo parte de un propósito ajustado a la naturaleza de la visión ideológica que tenga el Gobierno de turno del hecho económico, como de la pragmática utilidad con la que interprete el oportuno empleo del concepto pueblo.  

El petróleo y su exclusiva administración estatista ha servido de todo y para todo en Venezuela. Hasta el extremo de exacerbarse con la de nuevo cuño, la de la una llamada revolución amparada e inspirada en un supuesto Socialismo del Siglo XXI. El mismo que extendió el concepto petróleo para convertirlo en un instrumento de control mal llamado "Industrias Básicas y Estratégicas". Y que terminó convirtiéndose, como era de esperar, en la razón excepcional para expropiar, conculcar y arrebatar. No sólo de lo que se consideraba bien de utilidad pública para dominio absoluto de parte del Estado; también de  centenares de Industrias, de comercios, de bancos  y, como si fuera poco, de más de 4 millones de hectáreas productivas.

¿Resultado?: que no es posible mantener un propósito de estímulo y activación permanente del consumo si, desde los gobiernos, se asume que la respuesta, es decir, la producción, indistintamente de lo que necesite la ciudadanía, debe correr por cuenta de los que gobiernan, y no de los  emprendedores; bien nacionales o internacionales. Y que es por eso por lo que Venezuela, en el medio de la más incomparable histórica bonanza petrolera vivida desde siempre, ha terminado siendo lo que exhibe hoy: un cementerio de centros de producción, de unidades financieras o comerciales y prestadoras de servicios. Además de tener que tratar de revertir el también concepto natural de que todo Gobierno debe depender de los ingresos provenientes de los tributos o impuestos que pagan sus ciudadanos, y no que, absurdamente, los ciudadanos dependan de lo que les regale  -¿y permita apropiarse?- el Gobierno rico.

Desde luego, esa reversión, hasta ahora, no aparece como propósito de quienes se ocupan de ejercer el oficio de político a tiempo completo o parcial. Porque la dependencia petrolera y la forma de concebirla y administrarla,   ha traído como consecuencia que los ciudadanos venezolanos, especialmente los de menores recursos, dependan directa o indirectamente de las dádivas que les oferten precisamente los que ansían ser gobernantes de turno.

Y es por eso, desde luego, que no sea extraña la aparición del nuevo sistema comercial gubernamental de repartir bolsas de alimentos de casa en casa para los simpatizantes o partidarios del régimen, o de aquellos que se eximan de disentir públicamente del gobierno en ejercicio. Mucho menos que los burócratas o los que llaman políticos gobernantes, apelen a dicho mecanismo para mantenerse en el poder, o reservarse el derecho a pasar a ser los administradores de grandes volúmenes de recursos, cuya administración termina creando condiciones para que se generen prácticas corruptas, y perniciosas fórmulas populistas para el derroche y la malversación, por cierto, históricamente comunes en los diferentes gobiernos venezolanos.  

     

Luego de la muerte del Dictador Juan Vicente Gómez el 17 de Diciembre de 1935, comienza a construirse con muchos tropiezos la era democrática de Venezuela. Pero es interrumpida por un golpe de Estado el 17 de Abril de 1952, cuando quien se hace del poder es obviamente otro Dictador, el  General Marcos Pérez Jiménez, quien es derrocado el 23 de enero de 1958. Durante este último gobierno, los venezolanos vivieron casi 6 años de persecuciones y de violaciones de todo tipo de derechos humanos. Y el régimen, además de no recurrir al populismo también común en dictaduras, sin embargo, apeló al empleo de recursos que dejaran entrever ante los ojos de los ciudadanos, su dedicación a dar saltos en positivo, con base en obras dirigidas a echar las bases de un desarrollo socioeconómico, incluyendo una visual  y convincente infraestructura.

Luego se produce el reinicio de la democracia, y se toma como premisa que este grave problema y la distorsión conceptual de autoritarismo de los gobiernos, sólo se puede dar en los gobiernos populistas. Y también que para hacer populismo, el Gobierno tiene que tener el control y acceso a grandes recursos económicos para sufragar el empleo de ese mecanismo de para la manipulación del servicio popular. En otras palabras, lo que conforma base y esencia misma de todo régimen comunista, aquí, gradualmente, terminó por convertirse en el predominante componente cultural de la política criolla, y según la cual el Gobierno puede –y hasta debe- convertirse en  propietario de todos o de casi todos los medios de producción y distribución. Es decir, pasar a ser Estado Empresario, en condiciones sesgadas a su favor  para el ejercicio de una supuesta competencia con un sector privado condicionado, controlado y regulado, además de intervenido.

Ahora bien, es verdad,  Venezuela sí es un país con abundancia de recursos. Y la única manera de revertir la práctica de tener gobiernos populistas que imposibilitan superar la condición de país subdesarrollado, es erradicando toda posibilidad de aceptar  la omnipotente presencia de un Estado Empresario y, menos aún, que su desenvolvimiento obedezca a las ventajas complementarias de proceder sin control de ningún tipo, en un ambiente huérfano de instituciones públicas no alineadas al lineamiento ideológico del gobierno y de la separación de poderes.

Porque se aceptó y permitió llegar a esos niveles de verdadera perversión administrativa, es por lo que hoy en el país existe una deficiente  producción de toda índole. La oferta de bienes y servicios está en niveles críticos; es una referencia marginal en un ambiente político en el que lo importante es consumir y no producir, ya que el consumo, además, facilita, permite y justifica importar. No importa que el campo luzca  destruido y desolado. Tampoco que el sistema de salud sea un caos, o que  los niveles de inseguridad sean insoportables y que obligue a miles de venezolanos a huir de su país. Porque, además, nada luce accidental. Todo deja entrever que lo hecho ha sido deliberado.

La inquietud alrededor del hecho de fondo y la necesidad de cambiarlo, desde luego, se enfrenta ahora al doble reto de convertir los recursos disponibles en componentes útiles para el aprovechamiento eficiente, mientras se promueven condiciones jurídicas, políticas y económicas para que la inversión privada deje de ser una convidada de piedra en la transformación económica del país.  

Ciertamente, los recursos, bien administrados y en manos de ciudadanos probos y con conocimientos, además de una activa participación del sector privado, pudiera permitir que la nación se recupere en tiempo récord. Pero para que ello suceda, también se requiere que el Gobierno se dedique a promover y a facilitar el desarrollo de los servicios necesarios, con miras a  una maximización en la calidad de vida de los ciudadanos, y eso, desde luego, no es posible en un ambiente en el que la voluntad de dicho gobierno no guarda relación con lo que necesitan el país ni su ciudadanía.

Estando los medios de producción y comercio en manos de los ciudadanos, estos serán los encargados de producir y crear riqueza, contando con todas las garantías y derechos para fomentar la libre empresa y respeto a la propiedad privada. Todo lo cual tiene que conformar, a través de los tributos e impuestos, la mayor cantidad de recursos para que el Estado pueda realizar su gestión en favor de todos los habitantes. Ese tiene que ser el nuevo rumbo y objetivo del esfuerzo organizado.

El Estado tiene que depender de los ciudadanos y éstos, desde luego, tienen que asumir una actitud y participación más activa con la obligación de exigir que los administradores se dediquen a lo que les establecen la Constitución y las leyes de la República. Cuando eso suceda, sin duda alguna, habrá comenzado el proceso de sepultar el culto a la vocación por los gobiernos caudillistas, populistas y autocráticos.

Al ser los ciudadanos los responsables de mantener a sus respectivos gobiernos con el pago de sus tributos, se cambiará el concepto cultural político de la manutención populista. Si ellos no se sienten dolientes ni agentes influyentes en el cambio gerencial gubernamental, no habrá posibilidades de construir vocación contralora para que sean posibles una correcta administración pública, y que, además, los administradores ofrezcan rendimientos óptimos de los recursos públicos y los aportes de la sociedad.

Se quiera o no admitir, Venezuela ha entrado en un proceso de transición gubernamental y, por supuesto, administrativa. Y el trayecto que se tiene que transitar hasta el momento de la conclusión, no puede ser sólo de expectativas o de lamentos. También tiene que ser de compromiso con la convicción de que el proceso no será fácil ni en corto tiempo, además de que el daño que ha sufrido la Nación entera implicará esfuerzos; muchos esfuerzos y recursos cuantiosos. 

No hay que temerle a la necesidad de revisar esa encadenada concepción convertida en  creencia, de que aquí todo es bueno o malo en materia económica, dependiendo del nivel de participación, intervención  y restricciones que promuevan los gobiernos y el Estado. Es momento de aceptar que el futuro del país, depende hoy de más y mejor ciudadanía. Así tiene y debe ser. 

Egildo Luján Nava

                                                                                                 Presidente de Fedecámaras Miranda y Director de Fedenaga