El Embarazo Constitucional

Formato del Futuro…

" Aunque no está escrito en la Constitución, el deber inherente del Gobierno es evitar que sus ciudadanos mueran de hambre "
  PRESIDENTE F. D. ROOSEVELT, 1939.

La Constitución es la versión más detallada del Pacto Social que suscriben los ciudadanos cuando deciden y acuerdan la forma más inteligente para vivir y convivir de manera civilizada.

Desde luego, convivir civilizadamente implica la aceptación de reglas o normas jurídicas que deben acatar y cumplir los que gobiernan y los gobernados. Mejor dicho, precisar los términos con base en los cuales los ciudadanos  determinan y aceptan a quién se le va a encomendar  la administración de los tributos ciudadanos, cómo va a ser la metodología de ese o esos escogidos para demostrar que ha sabido ser un administrador eficiente y transparente. También, desde luego, a qué deben recurrir los contribuyentes para saber si, como contraprestación, fueron atendidos en la satisfacción real de sus necesidades o si, por el contrario, no lo fueron.

Lo que eso traduce, entonces, es que aquel que administra, gobierna o rige la rectoría administrativa en representación de la ciudadanía, debe estar consciente que es un servidor público; un funcionario al servicio de la ciudadanía. No un ciudadano privilegiado por la ciudadanía para servirse del cargo que detenta. Nunca el amo de una posición de poder. Mucho menos de la autonomía y libertad de que goza cada administrado para, con base en las reglas de convivencia, decidir si se siente o no satisfecho del desempeño del administrador.

Por supuesto, la convivencia civilizada es la que, a partir de fundamentos culturales, jurídicos y políticos, decide cuál es la modalidad de la relación sociedad-administrador. Y si es una Democracia, entonces, se formaliza un sistema administrativo en razón del cual, como es el caso venezolano, el que gobierna o administra supedita su conducta al cumplimiento de los términos constitucionales, como de las leyes que los representantes populares estructuran atendiendo a doctrina, principios y valores  inherentes a los derechos y deberes de los ciudadanos.

Es por eso por lo que cuando el administrador o servidor público incumple, indistintamente del cargo que desempeñe, delinque, porque ha actuado  al margen de la ley; ha violado la Constitución. No ha honrado el juramento público de cumplir y hacer cumplir las leyes. Tampoco es digno de ser premiado. Sí de ser demandado.

La jerga popular criolla destaca que en Venezuela, si la Constitución vigente  no ha salido embaraza, ha sido sólo por obra y gracia divina. Porque ha sido violada tantas veces y lo sigue siendo a diario, que pareciera que a nadie le importa si sucede o  no. Es como que si el concepto de la convivencia civilizada hubiera sido sepultada; institucionalizada una modalidad en la conducta del administrador para que, en nombre del culto al derecho a interpretar libremente lo que está vigente, se haga lo que más y mejor le conviene al servidor; no lo que esperan los que depositaron en él la comprometedora responsabilidad moral y ética de hacerlo bien y beneficio de la ciudadanía.

Desde luego, todo análisis que se hace desde ese punto de vista deja entrever que las consecuencias de toda violación a la Constitución, sin duda alguna, siempre terminan ocasionando una violación a los DERECHOS HUMANOS. Palabras éstas, grandes –o mayúsculas- a nivel mundial que tienen eco en todas las organizaciones de naciones, si bien, y hay que admitirlo de esa manera, tiene distinta resonancia dependiendo del país donde ocurra la violación.

No se interpreta o reconoce de la misma manera si el hecho ocurre en determinados países del Medio Oriente, en ciertos países Asiáticos, o países de Africa; inclusive, entre los países de Centro o de Sur América. Porque en esto no priva siempre la definición política, social o económica de la condición tercermundista o de país subdesarrollado. Sí, en muchos casos, aquello que emerge del peso que, gradualmente, han ido adquiriendo las expresiones organizadas de las sociedades, como es el caso de los gremios y de las academias, hasta el extremo de demostrar, con los resultados de las más impresionantes investigaciones en la mano, en que no siempre lo que dicen los centros informativos gubernamentales se corresponde con lo que sucede realmente en las entrañas de los países. Todo apuntalado, por supuesto, con el rol que, día a día, desempeña la influencia de los medios de comunicación social en la formación de conductas individuales y colectivas, y ahora, innegablemente, por lo que han venido provocando las redes sociales en el seno de cualquier grupo social medianamente organizado.

No todo es ya un asunto  exclusivo de lo que incluye un medio en un espacio informativo o noticioso. Es la descripción del hecho mismo en tiempo real, bien destacando una salvajada que pareciera no importarle a nadie más que a quien lo vive y siente, pero que, repentinamente, puede convertirse en un componente de algún expediente en cualquier parte del mundo.

Si se quiere, no es que por el ocultamiento interesado o la manipulación divulgativa que hacen ciertos gobernantes, el evento o suceso no interesa en el país donde se genera y se ampara en la común frase de “allá  ellos  con sus problemas”. Ahora ya no se espera que la violación de la norma se haga crónica e implique algún daño en forma colateral o en forma individual o colectiva en un determinado  país de los que llaman del primer mundo. No. Ahora también existen y  funcionan eficientemente organizaciones internacionales capaces de tomar acciones contundentes.

Hoy Venezuela, después de 18 años de vivir en  pleno proceso violatorio y  “metralleante” de la Constitución y, por ende, de los derechos humanos, figura en la lista de países, gobiernos e instituciones no gubernamentales entre los que esa violación es cuestionada, seguida y convertida en referencia mundial.

Lo son las colas interminables que hacen desde la madrugada ancianos, madres, padres, niños y hasta lactantes, en procura de medicinas o de alimentos; asimismo, el marcaje en la muñeca para poder comprar un pañal o leche. De igual manera, la obligación de presentar en un automercado la partida de nacimiento del lactante para venderte un pote de leche.

Cuando se le niega a un país recibir ayuda humanitaria reconocida a nivel mundial para aliviar la angustia de un pueblo que muere de mengua y de hambre.

Cuando el valor de la canasta básica representa 16 veces el valor salarial de lo que devenga un trabajador.

Cuando mueren reclusos en las cárceles sin que se les haya iniciado juicio.

Cuando se observan hombres  y mujeres adultas, niños, jóvenes  y ancianos hurgando bolsas de basura en procura  de desperdicios para comer algo. Pero más que mientras eso sucede, un Ministro declara públicamente que en Venezuela no hay nadie pasando hambre y el Poder Judicial, a su mejor saber y entender, impide la ejecutoria del Poder Legislativo, aun cuando es una expresión legítima de la voluntad ciudadana.

Y, como colofón, cuando, mientras la impunidad se hace obesa en los despachos legales que no se ocupan de cumplir también con la Constitución y las leyes, la violencia le arrebata cada año más de 25.000 ciudadanos productivos -o no- al país que ya vio partir a más de 2.500.000 ciudadanos a otras partes del mundo, en procura de salvación o de oportunidades para no morir de hambre.

Esta lista de violaciones de los derechos humanos en el país se hace interminable. Porque cada día nace una y otra variable que sigue erosionando la base moral y ética de la sociedad que algún día fue ejemplo y referencia continental de actuar con base en otros principios y valores.

El gran drama es que mientras los hechos se han ido ocupando de generar miedo y terror, bien ante la lenidad con la que se violan derechos humanos y la impunidad con la que la violencia se expande, la sensación colectiva adicional es la de no saber interpretar la “velocidad” con la que se desplazan las acciones institucionales en el mundo para que eso sea detenido.  

¿A quién recurrir?: Es la pregunta de cada día. En el país, existirían representaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Unasur, de la Iglesia. También actúan  el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática, además de manifestaciones partidistas que están relacionados fuera del país  con la Internacional Socialista, la Democracia Cristiana, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional  de Empleadores, por citar algunos. Sin embargo, más de 30 millones siguen mirando para el techo, tratando de alimentar esperanzas entre dudas y suspicacias rumbo a lo desconocido.

Lo que sí es cierto, es que esa misma ciudadanía, casi por unanimidad, insiste en querer solucionar esta terrible situación usando el recurso que ofrece el sistema de gobierno que decidió darse hace más de medio siglo: el de las elecciones. Y que la negación a su recurrencia, no puede convertirse ahora en una especie de derecho confiscado por la voluntad de una minoría ajena a las soluciones que demanda la población.

Egildo Luján Nava

Presidente de Fedecámaras Miranda y Director de Fedenaga