Los jueces militares de la revolución

Los jueces militares de la revolución

En la mitología se tejió la fábula del dios Saturno, quien se comía a sus hijos por temor a ser destronado por uno de ellos hasta que la madre Cibeles lo engañó mostrándole solo a uno de sus dos últimos vástagos, Juno, a quien de inmediato devoró, pero el otro, Júpiter, quedó vivo y fue secretamente criado en una lejana isla para luego –como la profecía indicaba– reaparecer a fin de destronar a su monstruoso padre, el mismo al que Francisco de Goya pintó en Saturno devorando a sus hijos, un cuadro que perfectamente describe la realidad actual en Venezuela.

Los generales de la revolución Baduel, Rodríguez Torres, López Ramírez y otros más han sido llevados a prisión para ser juzgados bajo cargos de conspiración para dar un golpe de Estado. El enjuiciamiento se anuncia y ejecuta en tribunales militares revolucionarios que están bajo el mando directo del Saturno de Miraflores que sigue tragándose a los hijos de la revolución, hasta que entre ellos aparezca un Júpiter que repita la historia y lo destrone.

Maduro destituye y nombra a los fiscales y a los jueces militares

Según la resolución publicada en Gaceta Oficial 41305 del 21 de diciembre de 2017, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, invocando el mandato “del ciudadano presidente de la República” realizó la abrupta destitución del presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, el general (Ej.) Henry Timaure Tapia, a quien inmediatamente sustituyó por el que venía ejerciendo el cargo de fiscal general militar, el también general (Ej.) Edgar Rojas Borges, funcionarios que igualmente habían sido designados por el Poder Ejecutivo en abierta usurpación de atribuciones que corresponden al Poder Judicial (nombrar jueces) y a la Asamblea Nacional (nombrar fiscales del Ministerio Público). Estas actuaciones fueron ejecutadas por el Ejecutivo invocando el Código Orgánico de Justicia Militar que es preconstitucional y que contiene normas que contradicen el texto de la actual carta magna, normas que están automáticamente derogadas con base en su disposición derogatoria única: “Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución”.

Demandé la nulidad de la normativa sobre justicia militar

Tiempo atrás, antes de que se presentara esta degollina masiva de militares revolucionarios, consigné ante el TSJ en el exilio una demanda pidiendo pronunciamiento sobre toda esa antigua normativa del Código Orgánico de Justicia Militar que en esta materia fue derogada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto en esta se dispone que “La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces serán seleccionados por concurso…” (artículo 261). De modo que cuando el ministro Padrino López, invocando órdenes de Nicolás Maduro, destituye y sustituye a jueces y fiscales como funcionarios de la justicia en el ámbito militar, está cometiendo un acto de usurpación de funciones que deriva en ilegítimos y punibles actos de privación de libertad, decisiones y otros castigos que arbitraria y abusivamente vienen ejecutándose en Venezuela.

El juzgamiento de civiles por esa adulterada justicia militar

Peor aún es el caso de los procesos que ante esa jurisdicción se llevan contra civiles, sobre todo contra jóvenes estudiantes que protestan contra el régimen, y que integran la mayoría de los casos que cursan ante dicha jurisdicción militar, con lo cual se mantiene una gravísima violación de los derechos humanos.

Sobre el caso de los 10.000 millones de dólares

Como antes he denunciado, está en marcha un proceso judicial con el que se pretende ejecutar un robo de 10.000 millones de dólares de Pdvsa, es decir, de la nación venezolana; esto mediante el truco de haber cedido a una firma privada los derechos para cobrarlos a ladrones externos que en combinación con ladrones internos timan desde el año 2004. Esa cesión, que sin duda es un contrato de interés nacional que por Constitución y por ley debió pasar por el filtro del control parlamentario, lo cual no ocurrió, no solo es nulo, sino que también es delictivo, como igualmente delictiva es esa demanda y todo el entramado que se armó para llegar a ella. Corresponde a la Asamblea Nacional activar ese reclamo haciéndose parte en el juicio, y aun corresponde también a la fiscal general Luisa Ortega Díaz intervenir en el caso para tramitar las investigaciones penales respectivas e incluso pidiendo la colaboración del fiscal general de Estados Unidos, porque se trata de una componenda criminal para apoderarse del resultado de actos criminales representados en esa astronómica cantidad de dinero que pertenece a un pueblo que se muere de hambre y de toda clase de necesidades.

Avisadas están la Directiva de la Asamblea Nacional y la fiscal Ortega Díaz

Estuve en la Corte el pasado 4 de marzo porque estaba fijada la audiencia del caso y allí no había ningún representante de nuestro Poder Legislativo, ni tampoco de nuestro Ministerio Público. Manifiesto mi preocupación de que hasta ahora no ha habido receptividad de la directiva de la Asamblea Nacional, ni actividad de la fiscal Luisa Ortega Díaz para este caso que he venido denunciando con insistencia, denuncia que ha trascendido fuertemente en los medios de comunicación por lo que se trata de un hecho público, notorio y comunicacional, y les recuerdo que se peca, se delinque, tanto por acción como por omisión.

Espero verles actuar en el caso

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